Concentrar en la Corte Plena las potestades de definición y dirección de los lineamientos estratégicos de política y gestión macro del gobierno del Poder Judicial, para disminuir la carga de trabajo de sus integrantes, a fin de procurar más espacio para las labores jurisdiccionales.

En vista de las múltiples tareas y competencias que ocupa la agenda de la Corte Plena, se hace necesario revisar las potestades que le fueron asignadas por la Constitución Política y la Ley Orgánica, con el objeto de procurar que ese órgano se concentre en sus funciones de dirección general de la política judicial, desplazando aquellas atribuciones cuya ejecución podría ser delegada en órganos técnicos. Esto permitiría liberar espacio de las agendas de los integrantes de la Corte, para destinar mayor tiempo a la labor jurisdiccional