La Constitución Política de 1949 centró las bases del sistema democrático, que ha permeado la administración de justicia, la cual fue atribuida al Poder Judicial, estableciendo un sistema de derechos y garantías constitucionales que se instrumentalizan a través de la creación de diferentes órganos auxiliares de justicia, entre los cuales resulta preponderante el Ministerio Público, como un órgano desconcentrado, al que le corresponde ejercer la acción penal, con los más altos valores de transparencia, probidad, integridad, responsabilidad, verdad y respeto de los derechos fundamentales.

Mediante la Ley Número 7442 del 25 de octubre de 1994, modificada por la Ley de Reorganización Judicial número 7728 del 15 de diciembre de 1997, denominada Ley Orgánica del Ministerio Público, se establecieron los principios, funciones y competencias del órgano fiscal. Ley que estructura el Ministerio Público en cuatro órganos fundamentales: la fiscalía general, las personas funcionarias con el cargo de fiscales adjuntos, fiscales y fiscales auxiliares. Pese esa enumeración, la ley actual no establece si dicha enunciación es ascendente o un mero escalafón dentro de la estructura del Ministerio Público. De ahí la necesidad de regular adecuadamente el tema, a través del establecimiento de una carrera fiscal.

Han transcurrido más de veinte años y la experiencia y madurez institucional del Ministerio Público, demanda un replanteamiento del marco normativo referente a su organización. Planeamiento que debe ser acorde a un modelo de administración del talento humano por competencias, en el cual los procesos de ingreso y promoción se realicen sobre criterios objetivos de idoneidad (funcional y ética) y preparación profesional.