El Poder Judicial, por su función especial en la administración de justicia, debe estar conformado por personas servidoras íntegras y eficientes. Al considerar este requerimiento, se observa que los funcionarios y las funcionarias afrontan una serie de amenazas a su independencia judicial y probidad, las cuales, aun cuando no se llegaren a concretar, pueden perjudicar la imagen y la confianza de la población en este Poder Público. Con ello se baja su legitimidad, lo que afecta directamente la estabilidad del sistema democrático y el Estado de Derecho, los que, en gran medida, se yerguen sobre la convicción de tener un sistema de administración de justicia honesto, imparcial y técnicamente cualificado.

Por ello, en todo momento, las personas servidoras judiciales están en la obligación de actuar de manera recta, independiente, proba y eficiente, así como de comportarse de forma tal que tales características no se pongan en tela duda.

En virtud de lo expuesto, es necesario revisar las normas y principios que guían las actuaciones de las personas servidoras judiciales.