Realizar un examen del sistema penal y procesal costarricense para concretar reformas legales contra el fenómeno de la corrupción y su regulación penal actual.

Costa Rica no puede permanecer impávida ante una realidad constatable: la corrupción ha dañado el tejido social y amenaza sus instituciones desde afuera y dentro, por lo que el Poder Judicial costarricense puede y debe reaccionar puntualmente a ese fenómeno. La corrupción es un flagelo que debe ser prevenido, investigado, juzgado y reparado.  Es por ello que se propone realizar un examen del sistema penal y procesal para concretar avances normativos contra el fenómeno de la corrupción. En lo inmediato, estos deben comprender tres planos distintos:

i) Establecimiento en Costa Rica de responsabilidad penal de las personas jurídicas.

ii) Reestructuración y sistematización de los tipos penales relativos a la corrupción en la función pública (peculado, exacción ilegal, cohechos, tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito, etc.).

iii) Reforma del procedimiento penal para juzgar a miembros de los Supremos Poderes.